¿Cómo sabe un votante de un territorio a quién llamar a cuentas de lo que sucede en él?
El Gobierno radicó su propuesta de reforma constitucional, de ‘equilibrio de poderes’. Entre el sinnúmero de temas solo busco analizar los correspondientes a la profunda reforma electoral, específicamente el otorgarles a los 11 departamentos con menos de 500.000 habitantes una curul en el Senado, y elegir el resto como se elige hoy, en circunscripción nacional. La otra propuesta es la de eliminar el voto preferente y hacer que la elección al Congreso se efectúe por listas cerradas y ordenadas, elaboradas “democráticamente” por los partidos. Veamos.
La idea de los senadores únicos por departamento suena en principio lógica y su bajo número no impacta notoriamente la razón de la circunscripción nacional en el Senado: asegurar que los partidos pequeños puedan ser elegidos, amén de permitir el surgimientos de liderazgos “de opinión”, que recaudan votos en todo el país. Permite recoger el anhelo de todos los colombianos de saber quién los representa. El senador único de cada uno de estos departamentos permitiría que sus habitantes sepan a quién llamar a cuentas, y a aquel saber a quién rendirle cuentas. El principio de accountability.
Pero, a diferencia de la propuesta de un sistema mixto, que he defendido y que incluye los distritos uninominales, que, para el Senado serían de 800.000 habitantes, en este caso los territorios tienen, algunos de ellos, poblaciones muy pequeñas, que terminan haciendo que un voto de estos departamentos pueda tener 50 veces el peso de un voto, por ejemplo, de las grandes ciudades o departamentos más poblados para elegir un senador. Esto crea lo que considero es el mayor peligro: incentivos perversos para la compra de votos en esos departamentos.
Para ser extremos: en Vaupés, en las últimas elecciones al Senado, se depositaron 9.202 votos de un potencial de 19.607. Si se presentan nueve candidatos, uno por partido, obtendrían, en promedio, 2.178, si votara la totalidad del potencial. Y con esto, los incentivos para la compra de votos serían gigantescos, teniendo en cuenta que hubo campañas al Senado que costaron, conservadoramente, diez mil millones de pesos, a menudo depredando la contratación estatal. Y el Vaupés se integraría a la política nacional a través de la compra de votos y la división interna que crearían tantos partidos buscando sacar un senador adicional. Territorios o población.
Pero el problema principal de la propuesta del Gobierno es el de la lista cerrada y ordenada, eliminando el voto preferente para “fortalecer los partidos”, y en ese sentido tal propuesta es, efectivamente, para facilitarle la gobernabilidad al Gobierno, al forzar la intermediación entre ciudadanos, la política y el Estado con unos partidos que en su conjunto están entre los de tres países del mundo con menor membresía y menor confianza de la ciudadanía (Encuesta Mundial de Valores, Barcas, 2011).
La propuesta hace aún más difícil que los ciudadanos sepan quién es su representante en un territorio ni a quién llamar a cuentas. Le queda fácil al Gobierno, entonces, pactar todo con estos partidos, a los que seguramente les encantará la propuesta y actuarán como un cartel, sin resolver el problema de fondo: ante quién responden. En muy corto tiempo, sin esta última condición, el Gobierno tendrá que lidiar con unos partidos que no tienen ninguna responsabilidad ante los electores y que, fortalecidos, lo extorsionarán, como hoy en día, de manera inmisericorde.
¿Cómo sabe un votante de un territorio a quién llamar a cuentas de lo que sucede en él? ¿A cuál de los nueve partidos que generan votos en ese territorio? Este es el problema que hay que resolver, como la idea de un representante por territorio que se filtró en la propuesta sobre senadores para departamentos pequeños. Pero hay mucho más.
John Sudarsky, Presidente Contrial
