El año comenzó con una serie de hechos que me llenan de preocupación. Desde muy temprano actores muy importantes del Frente Amplio por la Paz recibieron amenazas contra su vida y me pareció exagerada la reacción de algunos de ellos. Parecía que estos amedrentadores organizados podían fácilmente crear una zozobra muy por encima de su capacidad. Sin embargo, se presentaron dos hechos cualitativamente distintos, que perpetraron estos grupos terroristas, porque eso son, grupos organizados para crear terror: el robo del computador con todos los datos de la organización del la Marcha por la Paz a efectuarse el 8 de Marzo, organizada por Antanas Mockus; y el otro, el asesinato de Carlos Alberto Pedraza, un líder de izquierda destacado por su participación en el paro agrario y del Congreso de los Pueblos, hallado sin vida en Gachancipá, con indicios de ser un homicidio. Este hecho catapultó los temores de los amenazados, al pasar del dicho al hecho y produjo una serie de reacciones de que algunos grupos al interior de las fuerzas militares estuvieran involucrados en “crímenes de estado”. Para las víctimas de la UP, entre muchos otros, el sentimiento fue que estamos volviendo a las épocas más oscuras del asesinato político en el país, de la guerra sucia. Este crimen requiere la más expedita y completa investigación por parte del estado hasta aclarar quienes son los perpetradores, si no queremos que la confianza tan difícilmente construida alrededor de las negociaciones de Paz, se destruya. El segundo hecho, el robo absolutamente planeado y premeditado del computador de donde se organizaba la Marcha por la Paz, aprovechando la hora del almuerzo y con un propósito específico, muestra unas fuerzas detalladamente coordinadas para sabotear los acuerdos de Paz. Antanas ejerciendo el papel que solamente él desempeña en Colombia, estaba logrando invitar al Centro Democrático, a Álvaro Uribe, a vincularse a la marcha. Muchos de nosotros aún guardamos esperanzas de que lo haga.

Pero claro, el fiscal Eduardo Montealegre cita a Oscar Iván y David Zuluaga a averiguaciones en la Fiscalía por el caso de los hackers y la respuesta es atribuir al gobierno estos hechos, cuando son actores independientes que nadie controla y que actúan por su propia iniciativa.

La tendencia a atribuir causalidad y responsabilidad al gobierno en este último caso y a las fuerzas militares en el primero nos llevan a reavivar la polarización, el antagonismo y el odio que se necesitan vencer para tramitar exitosamente los acuerdos de paz y el posconflicto. Y a hundirnos en la zozobra  de las peores épocas de las décadas pasadas, que ya creíamos superadas y permean a todos los colombianos. Por ello cada uno de nosotros, los que mantenemos la esperanza de una Colombia sin guerrilla y en Paz, pero especialmente el liderazgo político de cualquier color, debemos mantener la mayor prudencia y aplomo para no incendiar con la palabra, con la atribución mecánica de culpas los hechos que se presentan. Mucho se ha avanzado en la última década para retroceder torpemente, o para caer en la trampa de los provocadores.

No va a ser fácil. Están los hechos en Venezuela Pastrana/Piedad Córdoba/Cancillería  y la crisis profunda del gobierno Maduro que se avecina. Están las elecciones locales  en todo el territorio nacional, etc., etc. Los ciudadanos debemos exigir de los dirigentes la misma prudencia y ecuanimidad que todos debemos mantener en esta época para llegar a concluir los acuerdos de La Habana y ofrecerle a Colombia la posibilidad de la Paz del posconflicto.

Pero los problemas no terminan ahí. Esta semana se libró una controversia muy de fondo sobre la visión del posconflicto, planteada por el profesor James Robinson, especialmente frente al tema de la restitución de tierras y la reparación a las víctimas. Robinson expresa serias dudas sobre que el tema que la sustitución de tierras sea la vía de abrir un futuro nuevo a Colombia, por basarse en un proceso de redistribución de tierras que necesariamente es un ejercicio de suma cero —se le quita la tierra a alguien para dársela a otro— un proceso jurídico que desde su iniciación en el 2010 no era claro y por lo que ya ha transcurrido es aún menos claro.  En mi opinión, está el tema de los costos y el tiempo. Al comienzo de Santos I se habló de 10 billones de pesos en diez años pero ahora puede tomar más tiempo (50 años) y muchos más recursos, fuera de ser un proceso de intentar retroceder la historia. Todo país desarrollado, inicialmente rural, se urbaniza siempre a las malas, con violencia, hasta llegar a una población urbana por encima del 97 % o más. Colombia lo ha hecho en tiempos históricos muy cortos (75-80 años) y hoy en día tiene una población de no más del 15 % rural de la cual menos de la mitad es campesina (700.000 familias). Esta baja población bien podría permanecer en el “estilo de vida campesino” pero no va a ser el motor del desarrollo hacia el futuro. Robinson plantea “más y más educación” como una alternativa de modernización que no es de suma cero y que en uno de mis temas favoritos, obviamente esta la educación rural, a mi gusto el bachillerato completo. Robinson invita a reflexionar sobre cuál es el camino del posconflicto. Esperamos que a los ministros de Agricultura y Educación les haya aprovechado su viaje a Francia para observar los colegios rurales. Al fin y al cabo la sinergia perfecta esta en educación rural para la productividad rural. Pero los grandes colegios rurales que se plantean en el Plan de Desarrollo, ¿dónde se van a hacer? ¿Serán los políticos los que lo decidan? ¿Cuando el Ministerio de Educación tiene una muy frágil manera de interactuar con los departamentos para la implementación de las política públicas? Parece que el problema está más aquí, en la estructura política de relación centro periferia, que si se logra resolver bien cobijaría también a las ciudades, hoy en día en grados muy variados de postración.

John Sudarsky, Presidente de Contrial

 

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Columna publicada en ‘Las dos orillas’, el 30 de Enero de 2015

 

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