¿Cómo sabe un votante de un territorio a quién llamar a cuentas de lo que sucede en él?

El Gobierno radicó su propuesta de reforma constitucional, de ‘equilibrio de poderes’. Entre el sinnúmero de temas solo busco analizar los correspondientes a la profunda reforma electoral, específicamente el otorgarles a los 11 departamentos con menos de 500.000 habitantes una curul en el Senado, y elegir el resto como se elige hoy, en circunscripción nacional. La otra propuesta es la de eliminar el voto preferente y hacer que la elección al Congreso se efectúe por listas cerradas y ordenadas, elaboradas “democráticamente” por los partidos. Veamos.

La idea de los senadores únicos por departamento suena en principio lógica y su bajo número no impacta notoriamente la razón de la circunscripción nacional en el Senado: asegurar que los partidos pequeños puedan ser elegidos, amén de permitir el surgimientos de liderazgos “de opinión”, que recaudan votos en todo el país. Permite recoger el anhelo de todos los colombianos de saber quién los representa. El senador único de cada uno de estos departamentos permitiría que sus habitantes sepan a quién llamar a cuentas, y a aquel saber a quién rendirle cuentas. El principio de accountability.

Pero, a diferencia de la propuesta de un sistema mixto, que he defendido y que incluye los distritos uninominales, que, para el Senado serían de 800.000 habitantes, en este caso los territorios tienen, algunos de ellos, poblaciones muy pequeñas, que terminan haciendo que un voto de estos departamentos pueda tener 50 veces el peso de un voto, por ejemplo, de las grandes ciudades o departamentos más poblados para elegir un senador. Esto crea lo que considero es el mayor peligro: incentivos perversos para la compra de votos en esos departamentos.

Para ser extremos: en Vaupés, en las últimas elecciones al Senado, se depositaron 9.202 votos de un potencial de 19.607. Si se presentan nueve candidatos, uno por partido, obtendrían, en promedio, 2.178, si votara la totalidad del potencial. Y con esto, los incentivos para la compra de votos serían gigantescos, teniendo en cuenta que hubo campañas al Senado que costaron, conservadoramente, diez mil millones de pesos, a menudo depredando la contratación estatal. Y el Vaupés se integraría a la política nacional a través de la compra de votos y la división interna que crearían tantos partidos buscando sacar un senador adicional. Territorios o población.

Pero el problema principal de la propuesta del Gobierno es el de la lista cerrada y ordenada, eliminando el voto preferente para “fortalecer los partidos”, y en ese sentido tal propuesta es, efectivamente, para facilitarle la gobernabilidad al Gobierno, al forzar la intermediación entre ciudadanos, la política y el Estado con unos partidos que en su conjunto están entre los de tres países del mundo con menor membresía y menor confianza de la ciudadanía (Encuesta Mundial de Valores, Barcas, 2011).

La propuesta hace aún más difícil que los ciudadanos sepan quién es su representante en un territorio ni a quién llamar a cuentas. Le queda fácil al Gobierno, entonces, pactar todo con estos partidos, a los que seguramente les encantará la propuesta y actuarán como un cartel, sin resolver el problema de fondo: ante quién responden. En muy corto tiempo, sin esta última condición, el Gobierno tendrá que lidiar con unos partidos que no tienen ninguna responsabilidad ante los electores y que, fortalecidos, lo extorsionarán, como hoy en día, de manera inmisericorde.

¿Cómo sabe un votante de un territorio a quién llamar a cuentas de lo que sucede en él? ¿A cuál de los nueve partidos que generan votos en ese territorio? Este es el problema que hay que resolver, como la idea de un representante por territorio que se filtró en la propuesta sobre senadores para departamentos pequeños. Pero hay mucho más.

John Sudarsky, Presidente Contrial

Trata de resolver el problema de la gobernabilidad, pero no lo que anhelan los electores, que es saber quién los representa y a quién llamar a cuentas.

De la reforma electoral planteada por el Gobierno, la propuesta de mayor impacto es la de la eliminación del voto preferente, al cual se le atribuyen con justicia la agravación de la corrupción, el clientelismo y la reducción de los partidos a una fábrica de avales.

En la propuesta, para cada elección plurinominal –desde junta administradora local hasta el Senado–, cada partido presentaría una lista cerrada y ordenada, elaborada “democráticamente”, por la cual los ciudadanos de cada territorio votarían marcando el partido de su preferencia. Luego, por cifra repartidora –un avance sobre cocientes y residuos–, se iría escogiendo en orden descendente el número de miembros que la lista respectiva enviaría a cada cámara legislativa. Este esquema encierra peligros importantes para la relación entre ciudadanos, política y Estado, al colocar unos partidos como intermediarios entre los primeros y lo demás.

Trata de resolver el problema de la gobernabilidad, pero no lo que anhelan los electores, que es saber quién los representa y a quién llamar a cuentas. Mientras que en el mundo la agenda política es reformar los partidos para que ellos respondan con claridad a sus electores, nosotros, por pereza mental o política, lo que hacemos es tratar de resolver el problema que no es. ¿Por qué se impuso en la reforma del 2003 incluir el voto preferente? Porque a los políticos locales, que son los que están en contacto con los problemas y con la gente, les aterraba que los directorios de sus partidos decidieran quién iría y quién no y en qué orden.

¿Cómo combinar la realidad de la política local con el fortalecimiento de los partidos? Pues haciendo que estos se responsabilicen de la escogencia de sus candidatos locales, tomando decisiones en las cuales compitan con los buenos candidatos de otros partidos. Pero, para ello, los candidatos deben ser identificables por el electorado, pues eso no lo pueden hacer hoy (900 candidatos al Senado con número y logo) y lo podrían hacer menos con la lista cerrada y ordenada (solo el logo).

Esta problemática ha sido relativamente bien resuelta en los países donde existen, para el Legislativo, distritos uninominales, como EE. UU. e Inglaterra, donde cada partido presenta en tales distritos un candidato y se responsabiliza de que recoja las preferencias de los electores de ese distrito. Y después el elegido le responde a la colectividad de todos los ciudadanos de ese distrito.

El tema es más complejo. Estos sistemas los llaman mayoritarios o “el ganador se lleva todo”. Los votos de los perdedores no se acumulan. ¿Dónde sí se acumulan estos votos para que los partidos emergentes tengan incentivos de presentar candidatos? Los alemanes, después de la guerra, se inventaron los sistemas mixtos, hace 62 años, y el mundo los ha estado imitando. Se combinan las ventajas para el elector (que pueda llamar a cuentas al representante) y que los partidos tengan un número de curules proporcional al de votos totales que el partido recibe. En Colombia se hicieron los mapas políticos para la legislatura 2010-14 y los estamos preparando para la 2014-18 para que los ciudadanos de estos distritos le puedan hacer seguimiento a un parlamentario específico y ejerzan un control social colectivo sobre él.

Quedan otras dudas. Dice el proyecto: “La selección de candidatos de los partidos (…) se hará mediante mecanismos de democracia interna consagrados por la ley y, en su defecto, en los correspondientes estatutos”. ¿O sea que estamos volviendo a la posibilidad, defendida por Álvaro Gómez en la Constituyente, de que un partido se pueda organizar no democráticamente, como Elizabeth Ungar recientemente demostrara en los estatutos del Centro Democrático?

Y otra duda: si se acoge esta reforma, ¿qué importancia tendría si, en el acuerdo de paz de La Habana, en el punto dos, se habla de una reforma electoral profunda, que además deba acoger la participación política de las circunscripciones electorales de paz? Dejemos la pereza.

John Sudarsky, Presidente Contrial