Ciudadanos podrán controlar a senadores y representantes

La Corporación  para el Control Social (www.controlsocialcolombia.co), lanzó una herramienta virtual que, a través de mapas políticos, identifica qué congresistas representan a los habitantes de un determinado Distrito Uninominal (DUN). Este instrumento fue diseñado para que los votantes puedan hacerle seguimiento al trabajo de los políticos y llamarlos a rendir cuentas por sus acciones en el Congreso.

“El déficit más notorio del sistema electoral colombiano es la dificultad de identificar qué congresista es responsable por un territorio. El caso se agrava, por ejemplo en Bogotá, donde la totalidad de los representantes a la Cámara fue elegida por tan solo el 25% del potencial electoral; como la inducción clientelista es más débil en Bogotá, sus habitantes simplemente no participan en la elección y con ello magnifican el impacto del clientelismo puro por parte de  aquellos que tiene acceso privilegiado al estado, lo que pone en duda la capacidad de los congresistas de estructurar la relación entre ciudadanía y parlamento por fuera de la pura relación clientelista”, dice John Sudarsky, presidente de Contrial.

Mediante simulaciones basadas en el resultado de las elecciones parlamentarias 2014-2018, la herramienta permite identificar bases electorales de congresistas que a menudo permanecen ocultas, inclusive para los mismos electores. La simulación permite identificar quién, individualmente, es el representante de los ciudadanos de un DUN. Para cada uno de estos DUNs se creó un foro  especial en donde los electores pueden entablar un diálogo entre ellos y con el respectivo congresista.
Según Sudarsky, la propuesta de la representación por distritos uninominales (www.sistemaelectoralmixto.com), es  la alternativa al clientelismo y la corrupción, situaciones que hoy permiten que los votos obtenidos por un candidato se dispersen en grandes territorios con acceso privilegiado a recursos del Estado a través de la llamada  “mermelada”.

La propuesta del Sistema Mixto parte de que el clientelismo y la corrupción no son una enfermedad colateral del sistema electoral actual, sino la materia prima de su operación, con las consecuencias de carencia de legitimidad y ausencia de la ciudadanía del proceso de votación. En las dos últimas elecciones parlamentarias la abstención fue de 56%.

“Corrupción y clientelismo serán mayores si pasa la propuesta de listas cerradas y ordenadas por partido que se tramita en el Congreso. Esto haría más oscura la representación, sin que nadie asuma responsabilidad alguna por su territorio: conveniente para el ejecutivo, inconveniente para la ciudadanía”, afirma Sudarsky.

La obligación de rendir cuentas, por parte de los congresistas, es un derecho de los electores que permanece negado por el sistema electoral vigente.5

Bogotá,  5 de Noviembre de 2014

En un artículo anterior planteé como el bachillerato completo (cursos 10 y 11) en sus diversas modalidades, académica, técnica y tecnológica es el umbral educativo para lograr que una persona quede movilizada cognitivamente para poder operar en una sociedad moderna y cómo ciudadano “no coma cuento” (disminuya Fenoval).  Entremos ahora a analizar cuál es la situación actual del cubrimiento de tal educación media en Colombia, cómo ha evolucionado, su avance, los retos que cada uno plantean y las formulaciones que se comienzan a dibujar en el plan de desarrollo 2015-2018. Los debates en educación, por el énfasis en la lamentable calidad de ella, comienzan a celebrar, no sin motivo, los avances en el cubrimiento que se ha hecho en las últimas décadas. Efectivamente, el número de colombianos mayores de 20 años con bachillerato ha crecido  de siete millones en 1999 (31 %) a 13,5 en el 2013 (47 %). Sin embargo, y aquí está la trampa de la marginalidad, la cifra de los que no tiene bachillerato completo es prácticamente idéntica: 15.640 millones en 1999, 15.345 millones  en el 2013 (Cálculos Cifras y Conceptos  sobre Encuesta Continua de Hogares).  Si utilizamos la disminución anual  del 2010-2014 nos tomaría más de doscientos años llegar a que todos los colombianos fuéramos bachilleres.

Claramente el esfuerzo en este punto concreto ha sido insuficiente, especialmente cuando en el primer cuatrienio Santos el avance en cubrimiento bruto fue absolutamente nulo: se paso de 77,47 % a 78,21 %; el número de jóvenes por fuera del sistema (2010- 2013) tan solo disminuyó en 8.000 personas. ¡Fatal! Igualmente fatal que se hubieran tenido que corregir 560.000 registros con los cuales los departamentos defraudaron a la Nación, solicitando transferencias por matriculados fantasmas.

La universalidad del bachillerato es una meta que los Tigres Asiáticos en buena medida alcanzaron en la década de los noventa y ahora hablan es de educación superior para competir globalmente. En ellos los gobiernos concentraron el 80 % de su inversión en la educación hasta el curso 11 y el resto en educación postsecundaria.  Con ello se creó una demanda gigantesca sobre la educación superior, cuyo acceso se lograba con base en una competencia meritocrática entre todos los mejores. Todos podían competir basados en su talento y nadie era excluido de competir por no ser bachiller. Ojo: el cubrimiento universal del bachillerato tiene un impacto semejante a la educación de primera infancia para la creación de igualdad de oportunidades.

¿Cuál sería un reto razonable en este cuatrienio 2014-2018 para el cubrimiento bruto en educación media?  Podríamos fijarnos la de Chile, un referente latinoamericano con los países de la OECD, que tiene una tasa de 85%, que una vez lograda permitiría darle un tarascazo adicional en el 2018-2022 y así lograr el cubrimiento universal. Sin embargo, estas metas se presentan como compromisos de recursos que entrarían a competir con otras metas en educación más visibles. Los cálculos que hicimos para los debates en la Comisión Sexta del Senado arrojan que efectivamente el esfuerzo habría que hacerlo 2014-2022 (¿Colombia la más educada?) pasando de 2,5 billones de pesos a 4,1, una tasa de crecimiento de 5,3 % incluida una inflación del 3 %. El titubeo en asumir agresivamente este cubrimiento implica cerca de un millón adicional de jóvenes condenados a la marginalidad en el cuatrienio.

Ahora bien, este reto tiene complicaciones adicionales que frecuentemente se utilizan para justificar la pereza estatal en este sentido, y asumir lo más fácil. En primer lugar, el déficit de cobertura es sobre todo en el campo. Según el Ministerio de Educación (MEN), 2010, el número de faltantes netos en el campo son 269.000 (76 %) y en las ciudades 112.000. Dado que la población rural es el 15 % del total, la discriminación contra el campo es cinco veces mayor. No en vano tenemos un sector agrícola atrasado. Su fuerza laboral no logra incorporar la innovación por que no han alcanzado el umbral de la movilización cognoscitiva. ¡Todavía andamos hablando de escuelitas cuando deberíamos estar es hablando de colegios para el campo!  Y hablamos de proceso de Paz en el campo… Por otro lado está la tasa de deserción que se acelera notablemente al terminar la primaria, con razones muy distintas según el departamento.

Asumir la responsabilidad de crear un cubrimiento universal en educación media requiere de un enfoque regional muy focalizado. ¿Puede el MEN asumirlo? Lo dudo. Porque se enfrenta a un problema medular del estado colombiano a la hora de implementar políticas: ¿Puede un estado, articulado a base de clientelismo y corrupción resolver estos problemas cuando las secretarías de educación son el botín político por excelencia, no para resolver los problemas de la educación sino para que quien las usufructúa pueda reproducirse electoralmente sin tener que rendirle cuentas a nadie?  ¿Tendremos que esperar doscientos años para ver si esto se resuelve? ¿Lo veremos nosotros? ¿Lo verán nuestros hijos? De todos modos, por lo poco que conozco del cubrimiento en la media según se menciona en las bases del plan de desarrollo, pasar de 45,5 % al 50 % en la cobertura media (jóvenes de 15 y16 años) en el cuatrienio, es irresponsablemente insuficiente. Si ese es el objetivo podemos colegir que el resultado será aún peor.

John Sudarsky, Presidente de Contrial

La medición del capital social para generar mejores políticas públicas.

Un estado es capaz de generar las políticas públicas más acertadas si cuenta con suficiente capacidad cognoscitiva e instrumentos para conocer la realidad. Un área donde existe un déficit importante es en lo relativo a la sociedad misma, no lo que llaman los políticos “lo social” sino como está constituido el aparato de ella, especialmente donde hay activos valiosos de preservar o promover.  El conocimiento de la sociedad es difícil porque, como cada cual es parte de ella, se siente con autoridad para hacer afirmaciones sobre cómo es, sin que se tenga la referencia empírica, de medición, que permita ver la evolución de la sociedad en aspectos específicos a lo largo del tiempo y además compararse con otras sociedades. Por eso, especialmente en la política, un “me parece” tiene igual validez que un estudio empírico y concienzudo de un tema especifico. Nada más distante de la ciencia que la retórica, inventada para ganar discusiones sin importar la verdad, los datos o la evidencia empírica.

En los años noventa surgió el concepto del capital social como una innovación importante que reconocía que había algo valioso en las relaciones entre las personas y de estas con las instituciones. Se consideraba capital pues, al igual que el resto de ellos, habilitaba a quien lo poseía para lograr objetivos. Con las investigaciones de Robert Putnam el concepto adquirió una gran importancia globalmente pues predecía el desarrollo económico y además potenciaba la efectividad institucional. Dada esta importancia era imprescindible conocer cómo estaba este capital en Colombia, tarea que emprendí desde el 2005 en el Departamento Nacional de Planeación por mandato de Compes de Participación. Para ello se construyo el Barómetro del Capital Social (Barcas), con el cual se han medido en 1997, el 2005 y el 2011el capital social de Colombia. Fue afortunado colaborar con la Encuesta Mundial de Valores que permite comparar Colombia con una muestra muy grande de países y saber cómo estamos.

Utilizando todo el armamentario de las ciencias sociales se diseñó un instrumento con capacidad de medir, en formaciones sociales muy diversas, el capital social. Diez dimensiones cubren todo el espectro de las relaciones entre personas, comenzando con la participación cívica (membrecía en organizaciones voluntarias) y política, amén de la solidaridad y reciprocidad, las relaciones horizontales y verticales y la noción del ciudadano responsable de lo público. Los elementos de la información y transparencia se miden, así como componentes diversos frente a los medios. A través de métodos de análisis estadísticos se logró discernir que lo que pensamos era Capital Social eran en realidad tres grandes factores: el capital social mismo, el que hay frente a la institucionalidad que llamamos Confié y otro elemento, un descubrimiento, que llamamos Fenoval: fe en fuentes de información no validada, que coloquialmente se puede llamar “Comer Cuento”. Obviamente, una ciudadanía alta en Fenoval vive en las nubes, especialmente por su aislamiento y por tener que validar lo que pasa, no con organizaciones sociales sino exclusivamente por lo que dicen los medios. ¿Como disminuir Fenoval? Con participación cívica y política.

Pero las series de las tres mediciones indican una cada vez mayor desmovilización de la ciudadanía: la pertenencia a organizaciones voluntarias ha caído a la mitad y el trabajo voluntario ha pasado de ser practicado por el 48 % de la población medida, a tan solo el16 % en el 2011. Un absoluto descalabro del capital social. No solo eso. Los elementos de solidaridad y de relaciones dejaron de estar integrados a la institucionalidad, la cual va por su propio lado, con grandes caídas en la confianza con ella. La participación cívica ya no se vincula con el capital social que existe entre la gente. Por lo menos Fenoval, que había subido en el 2005, comenzó a bajar en el 2011, sacándonos del sopor colectivo que se dio con la fallida tercera elección del presidente Uribe.

Hay mucha tela que cortar en los resultados de las mediciones. Pero hoy me quiero referir al tema de la educación y la movilización cognoscitiva. Cuando uno habla de Fenoval una reflexión instintiva nos indica que una persona bien educada tiene los elementos conceptuales para no dejarse arrasar por información que uno no pueda validar, Que la educación nos haya dado los elementos para discernir si me están “echando cuento” o si hay una base más objetiva para confirmar/desconfirmar una afirmación.  En sociología se habla entonces de un fenómeno de la mayor importancia: la movilización cognoscitiva. Si bien se habla de cómo los procesos de modernización y desarrollo viene acompañados de las movilizaciones políticas, la urbanización, etc., se requiere que la población adquiera la capacidad de entender y operar en un mundo moderno y complejo, distante de las respuestas mecánicas y estereotipadas que la tradición proporciona.

En las mediciones con el Barcas se tuvo la oportunidad de estudiar cuál nivel educativo permitía bajar Fenoval y descubrimos que eran a partir de los once años de estudio: el bachillerato completo en cualquiera de sus modalidades, académica, técnica, tecnológica. Sin este umbral educativo las personas no entienden el mundo moderno y no pueden aprovechar las oportunidades que él les abre. Es más, quien no alcanza este nivel educativo queda condenado de por vida a un mundo de marginalidad, a la verdadera exclusión cognitiva sin la cual no tiene los elementos para avanzar. Es por ello que en la escogencias de prioridades educativas, es fundamental estudiar que sucede en Colombia con el bachillerato completo, la educación media, cuales son los retos del gobierno en ese sentido y qué tan eficaces son tales políticas a la hora de priorizar. Y claro, esto requiere conocimiento porque la sola reacción a la presión política no funciona. Uno no va a ver los 15,5 millones de colombianos mayores de 20 años sin bachillerato, organizando protestas para que les den la educación necesaria; ellos son los nuevos marginados y los marginados se mantienen en silencio. En un próximo artículo nos concentraremos en desmenuzar por qué no hemos logrado la universalización del bachillerato completo y qué habría que hacer. Si deja un mal sabor que la meta del gobierno para el cuatrienio tan solo espere pasar de 45,5 % a 50% en la tasa de cobertura neta en media. Por lo menos un millón más de jóvenes quedarían condenados a la marginalidad en el cuatrienio.

John Sudarsky, Presidente Contrial

¿Recuerda usted por quién votó para la Cámara de Representantes? ¿Sabe si salió elegido? ¿Sabe usted a quien llamar a cuentas? Si su respuesta es negativa para todas estas preguntas usted está acompañado por la mayoría de los colombianos, mayoría que se ha agravado desde la reforma electoral del 2003. Ahora el gobierno propone en la reforma constitucional de Balance de Poderes hacer obligatoria la lista cerrada con la intención de fortalecer a los partidos y facilitar la gobernabilidad, léase que al gobierno no le toque lidiar con 200 parlamentarios cada uno requiriendo su dosis de mermelada, y más bien lidiar con cinco o seis partidos. Pero como los partidos mismos carecen de la disciplina para ordenar sus listas, se inventan unas consultas populares catorce semanas antes de las elecciones parlamentarias, o sea a comienzos de diciembre, donde todos los incentivos perversos, los costos exacerbados de las campañas individuales y la corrupción que hoy se dan en las elecciones de marzo, se trasladan idénticas a diciembre, con un costo de 560.000 millones de pesos en esta época de crisis fiscal, sin ningún efecto en disminuir la corrupción y sin tener que responder al electorado. Es más, haciendo más difícil que este sepa quién representa a los habitantes de un territorio, y a quien llamar a cuentas. Cada miembro de la lista gastará una fortuna —$4.000 millones confiesan cándidamente mis antiguos colegas para ser elegido— que luego hay que recuperar sorbiendo de las arcas del tesoro.

¿Cuál es la alternativa de los colombianos para resolver la más patética mentira de un sistema que se llama Representativo pero que no permite que uno sepa quién lo representa y a quien llamar a cuentas? Desde hace cuatro años venimos planteando el  www.sistemaelectoralmixto.com como alternativa para cambiar realísticamente la relación entre ciudadanos y sus representantes, su partido y la relación entre política y sociedad.

El trámite legislativo de esta propuesta permitió, por lo menos, que los parlamentarios pudieran contemplar una alternativa lógica a su forma de ser elegido, un sistema que combine la claridad en la representación por medio de los distritos uninominales (DUN), donde de un tarjetón sencillo se elija un ganador que represente a la totalidad de los habitantes de un territorio, y la proporcionalidad entre votos recibidos por un partido y las curules que finalmente ocupe, para proteger las minorías y las nuevas fuerzas políticas. Una ventaja adicional es que los costos de las campañas se reducen considerablemente, no circunscripción nacional para el Senado, solo los costos de competir en una mucho más concentrada DUN.

Para ilustrar los efectos de esta reforma se hizo una simulación con los resultados de la votación en las parlamentarias del 2010-2014. Ahora la Corporación para el Control Social, Contrial, www.controlsocialcolombia.co , acaba de lanzar los resultados de una simulación actualizada con los resultados 2014-2018. En ella se puede estudiar en detalle tanto para Cámara como para Senado quien es el representante de cada territorio y llamarlo a cuentas por lo que prometió en campaña y por lo que está haciendo por ellos. Adicionalmente se crearon unos foros virtuales donde estos ciudadanos se pueden inscribir y relacionar entre sí, desarrollar la racionalidad colectiva sobre que es prioritario para cada DUN y establecer un diálogo con el representante para que les cuente qué está haciendo por ese territorio en términos de la inversión del Estado, no con la seducción individual y privada de la mermelada sino con proyectos colectivos concertados con la comunidad. Con una ciudadanía movilizada y con su atención concentrada en un individuo, la posibilidad de que los gastos desaforados producto de las tajadas sacadas en la contratación, se hagan evidentes y, finalmente se haga real el mandato constitucional de la soberanía en el Pueblo.

Más le serviría al gobierno y a los partidos empoderar a ciudadanos organizados con una sociedad civil fuerte y densa, que mantener la fantasía de una gobernabilidad diseñada para excluir a los ciudadanos. Invitamos a estos últimos a afinar y concentrar su atención y ejercer el control social sobre los elegidos identificando e inscribiéndose en la DUN a que pertenecen y con los instrumentos que por primera vez se ofrecen en Contrial, ejerzan colectivamente su soberanía.

John Sudarsky, Presidente Contrial

Uno de los debates más interesante que se han hecho en esta legislatura en el Senado ha sido el adelantado por los senadores verdes Claudia López y Antonio Navarro. A su contenido difícilmente se le puede hacer justicia en una columna y suscita una serie de importantes reflexiones.

El propósito principal del debate fue hacer las cuentas de lo que se requeriría para lograr la meta de que Colombia fuera la más educada para el año 2025, formulada por el presidente Santos en su posesión el pasado 7 de agosto. En el debate se arranca por los programas para la primera infancia, sobre los cuales hay consenso que producen el mayor impacto costo/beneficio para habilitar a los colombianos hacia una igualdad de oportunidades, y que “solo quedarían cubiertos en ocho de dieciocho programas”. Se pasa a la básica y media, donde se cuantifican los costos de la expansión de la jornada única, construcción de colegios, los nuevos profesores, la alimentación escolar, el mejoramiento de la calidad, el aumento de los salarios de los profesores actuales, etc. etc. para llegar a una vez descontados los recursos disponibles (2,4 billones anuales)  a déficits que arrancan en 3,3 billones para el 2015 y llegan a 10,69 en el 2025, solamente para educación básica y media. En educación superior se estima el costo de una cobertura del 70 % para el 2025.

Se hacen las preguntas relevantes sobre la mezcla tecnológica/universitaria, y luego se pasa a denunciar una serie de universidades que se han convertido en un verdadero negocio familiar, un problema potenciado porque muchas de ellas reciben crédito educativo, que termina siendo un engaño a los estudiantes y sus padres. El ministerio adelantó un avance en este sentido al presentarle al público el costo/beneficio de diferentes programas de educación universitaria en una página del ministerio para allí se pudiera ver si se justificaba la inversión, pero no sabemos en que quedaría este avance.

La ministra Parody en su respuesta al debate pidió compromiso al Congreso para darle los instrumentos regulatorios para atacar estos males, instrumentos que cuestan mucho menos, tan solo capital político: voluntad.

La simulación total arroja que para el 2015, descontado lo disponible, los déficits son para primera infancia (3,5), básica y media (5,70) y educación superior (1,3)  un total de 10,5 billones en solo este año, déficit que va aumentando hasta llegar a 14,29 billones en el 2025. Estas cifras resultan apabullantes cuando en este momento se está discutiendo una reforma tributaria para cuadrar el déficit de 12,5 billones y hace saltar la preocupación de si al hacer todas estas sumas, con todos los programas y todos los cubrimientos este no es simplemente un ejercicio populista. Al fin y al cabo el populismo es esencialmente la ilusión de que alcanza para todo y no hay necesidad de priorizar.

Resulta muy fácil para los partidos fuera del gobierno hacer estas cuentas ya que quien debe eventualmente asegurar la sostenibilidad fiscal es la coalición de gobierno. Recordemos que esta necesidad de priorizar es lo que se espera surja de los procesos de planeación participativa, cuya premisa es que existen recursos limitados y que hay que escoger qué hacer y qué no hacer: un ejercicio de suma cero que genere racionalidad colectiva y compartida en, por ejemplo, planeación local.

También dispara los temores de que en el proceso de fusión que se dio del Partido Verde y los Progresistas los dos puntos que generaron divergencias se estén desbordando, esencialmente el tema del balance fiscal, imposible de violar en Colombia según Progresistas y la posición Estadocéntrica, que todo lo debe hacer el Estado, sin reconocer la esfera de lo público no estatal, la sociedad civil, puntos de la esencia de la tradicional y convencional izquierda.

El tema del equilibrio fiscal comienza a ser fruto de inmensa preocupación, por ejemplo en el costo de la paz, cuando un estudio del Carr Center en Harvard anota que el resarcimiento de las victimas alcanza en Colombia un desbordado 14 % de población, mientras que en los procesos comparativos al colombiano solo cubre el 1 %. Igualmente, opiniones de articulistas de la entraña del santismo (Gabriel Silva Luján) se comienza a abogar por “cambiar el paradigma” y revisar los límites de endeudamiento y la regla fiscal para financiar la paz.

Dentro del debate también se presentaron algunas sugerencias sobre la forma de generar más ingresos para la educación como si pudiera hacerse reformas tributarias con destinación específica en el ambiente actual de voracidad, donde ingreso adicional que se logre se encuentra con las fauces hambrientas de todo el Estado. No nos hagamos ilusiones como la que se hace también la Misión de Desarrollo Rural que espera financiarse con lo que se ahorre en la guerra, cuando El Salvador, por ejemplo, nos ilustra del error de desmantelar las fuerzas armadas en el posconflicto. No, lo que toca realmente hacer es priorizar y tener una muy buena teoría de cómo crear igualdad de oportunidades con la educación en Colombia.

Ahora bien, el gran aporte de este debate verde sobre educación es que va a permitir ver prístinamente las decisiones que el gobierno tome en el Plan de Desarrollo para resolver los complejos dilemas de inversión en educación y revele así sus prioridades. El Verde debe entonces establecer sus prioridades para poder contrastar las de gobierno, sin sombra de populismo y ayudar así a crear la racionalidad colectiva.

John Sudarsky, Presidente Contrial

Muchas de las controversias que se dan hoy en día frente al sistema político colombiano y el papel que desempeña el Congreso tienen que ver con una muy persistente ambigüedad sobre las relaciones entre sociedad, política y estado; en concreto, la legitimidad que tienen los intereses en tratar de influenciar a su favor leyes, presupuesto, etc. Yo en particular busqué ser elegido a la Constituyente con la bandera de la representación pública de intereses. Es en la Constituyente donde se presenta un intento de quiebre con la premisa de la Constitución de 1886, donde todos los parlamentarios representaban un ambiguo “bien común” que terminaba siendo el caldo oculto de cultivo para el clientelismo. En 1991 hubo cambios importantes al pasar la soberanía, la fuente de autoridad y legitimidad, de una decimonónica Nación a un más moderno Pueblo. Se declaró la nuestra como una democracia participativa, pero al definir en el artículo 133, que efectivamente los congresistas representan al pueblo y son “responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”, se perdió la oportunidad de indicar que ellos eran responsables ante sus electores. Ahí quedamos atascados en el medio, sin que estableciéramos claramente una relación Principal Agente aunque fuera en su más mínima expresión. Por supuesto que frente a las premisas de 1886, calcadas de la tradición hispano católica e imperantes en Latinoamérica, podría servir de un triste consuelo. Acordémonos de dónde veníamos. En tal tradición existía lo Público que era estatal y lo demás era privado: no existía la categoría de lo Público No Estatal (la sociedad civil) y lo único que podían hacer los particulares era presentar solicitudes respetuosas a las autoridades (la Nación).

La ambigüedad de la definición hace que se presenten toda clase de controversias: comencemos con la de los auxilios parlamentarios o la “mermelada”, como se llama ahora. Es evidente que un parlamentario debe tratar de beneficiar a sus electores, si los pudiera identificar públicamente. De alguna manera el presidente Santos así lo expresó en su campaña de reelección. La pregunta, por supuesto, es por qué esta mermelada no se hace pública y la tiene que “destapar” una oposición ducha en las mismas prácticas. Lo lógico es que la tal mermelada se pusiera en la “urna de cristal” y los ciudadanos beneficiados pudieran escudriñar si eso era lo que querían y si se hizo a los costos que deberían ser, no con contratos amañados.

En la controversia actual se tiene las dos posiciones: por un lado el uribismo, Paloma Valencia, plantea que no haya incompatibilidades al representar intereses y además que el legislativo tenga iniciativa en el gasto como sucede en países pluralistas donde la relación Principal Agente es fuerte. Por el otro lado se plantea el regreso a la celestial inocencia: que los parlamentarios no tienen que estar haciendo nada en estas tareas. La verdad es que si un parlamentario fuera elegido en un distrito uninominal podría con toda legitimidad decir: “Vengo en representación de cuatrocientos mil habitantes de este territorio, queremos esto, lo hemos concertado con la ciudadanía por medio de la planeación participativa y ellos van a controlar que se apliquen bien esos recursos”. Como esto no sucede y la representación es ambigua e ilegitima, se genera siempre una inmensa desconfianza ya que se sospecha que los recursos no se aplican colectivamente sino a la clientela privada y personal con la cual fue elegido tal parlamentario. Esto genera además una sensación de riesgo que impide profundizar la descentralización.

Estas controversias tienen su más clara expresión en el absurdo escenario de la votación de impedimentos en el Congreso.  Mi experiencia personal en un proyecto en el cual yo sabía del tema y además tenía intereses, por la parte industrial. Esto me colocaba en la situación en que si fuera a defender mi punto de vista me dirían que estaba hablando como empleador y me callarían. Presenté mi impedimento porque claramente lo tenía. No lo aceptó la plenaria. Así que la única alternativa fue la de salirme de la sesión para evitar caer en un conflicto de intereses.

La verdad es que la oscilación entre las dos posturas tiene que ver precisamente con la ambigüedad cultural en la que estamos atascados. Y también en que el desarrollo de la institucionalidad que se desprendería de avanzar en la representación legítima de interés, la más obvia de todas la regulación del lobbing, buscando que estos lobistas (no hay palabra en español porque nunca hubo un papel legítimo para ellos, tan solo el cabildeo antes de que cayera la “Cortina del Silencio” —Kamen— en el siglo XVI) se registren y su accionar sea transparente La representación de intereses también aterra a muchos que de forma irreflexiva temen el modelo corporatista de estado impuesto desde arriba del fascismo franquista. No registran que el modelo socialdemócrata en Europa (Suecia, Alemania) es esencialmente un modelo de corporatismo social generado desde abajo, basado en las dos grandes jerarquías de sindicatos y empresarios. Con cierta razón: en las mediciones del World Values Survey (2011) Colombia aparece como el país del mundo donde la suma de sindicatos y gremios tiene el menorcubrimiento poblacional. De ahí la cierta molestia con que tanto los unos como los otros tengan una influencia mayor de la que corresponde a la población que representan.

Por ello, de nuevo, lo que se requiere es que haya una redistribución de poder a la ciudadanía y enraizar en los diferentes niveles de agregación territorial los procesos de representación de intereses y la priorización de inversiones, la generación de racionalidad colectiva que se pueden dar en la Planeación Participativa pendiente de su desarrollo legislativo según los acuerdos de La Habana. No una Nación de partidos donde los políticos se deben al secretario general —España otra vez— y no a sus electores. Veamos si salimos del atasco.

John Sudarsky, Presidente Contrial

La Comisión Primera del Senado acaba de aprobar en primer debate la reforma constitucional llamada “de Equilibrio de Poderes”. El poder que interesa analizar es el de la relación entre los Ciudadanos, donde reside la Soberanía, y los demás poderes: el componente de reforma electoral. En esta reforma la relación con los ciudadanos —que ellos sepan a quiénes están eligiendo y los puedan llamar a cuentas colectivamente—, se corta aún más que ahora al introducir las listas cerradas y bloqueadas para elegir congresistas.

Esta innovación pretende reemplazar el sistema actual de voto preferente, padre de corrupción y clientelismo alimentado a menudo por la “mermelada” de Palacio, y fortalecer los partidos que serían los que ordenarían las listas. La reacción inmediata de los políticos es el temor de volver a las épocas del “bolígrafo” donde la oligarquía de cada partido se reunía a puerta cerrada y decidía quién iba en la lista y quién no. Además, si ahora los ciudadanos no pueden identificar por quién están votando por la carencia de fotos en el tarjetón, con la lista cerrada lo podrán hacer aún menos pues votarían por un logo. Aunque por lo menos en términos de clientelismo y corrupción los partidos suspenderían los incentivos individuales y los costos de campaña que estos traen para los candidatos, al poner su propio logo en juego.

Pero claro, el ordenar las listas puede llevar a la ruptura de los partidos, a que el número de ellos aumente, en mis cuentas, a duplicarse. Teóricamente, para evitar estos problemas la ponencia aprobada introduce unas consultas populares que se realizarían catorce semanas antes de las elecciones de marzo, aproximadamente a comienzos de diciembre, paralizando la actividad legislativa todo un año, al aumentar en seis meses la que se da en el último semestre del cuatrienio por las elecciones. Es decir, en las consultas se votaría por los candidatos avalados de las listas y según el número de votos obtenidos se colocarían de mayor a menor en la lista definitiva.

Lo que estas consultas aseguran es que todos los vicios de la elección personal en grandes circunscripciones: la compra de votos, la depredación de los recursos del estado, se reproduzcan en ellas de manera idéntica al sistema actual. Con la única diferencia que, en esta época de déficit fiscal, se duplicarían los costos de las elecciones parlamentarias ($569.000 millones según Semana), con un efecto en el déficit de representación y la legitimidad nulo. ¿Para esto se va a hacer una reforma tributaria? Pero como dicen mecánicamente: “La democracia cuesta”.

La raíz de todo este problema no lo puede resolver la falsa dicotomía Voto Preferente-Lista Cerrada así intenten fallidamente, como podemos ver, cuadrar el círculo; solo con sistemas mixtos que incluyan distritos uninominales donde los ciudadanos identifiquen su representante lo puede hacer. Mientras tanto, que todo cambie…

John Sudarsky, Presidente Contrial

¿Cómo sabe un votante de un territorio a quién llamar a cuentas de lo que sucede en él?

El Gobierno radicó su propuesta de reforma constitucional, de ‘equilibrio de poderes’. Entre el sinnúmero de temas solo busco analizar los correspondientes a la profunda reforma electoral, específicamente el otorgarles a los 11 departamentos con menos de 500.000 habitantes una curul en el Senado, y elegir el resto como se elige hoy, en circunscripción nacional. La otra propuesta es la de eliminar el voto preferente y hacer que la elección al Congreso se efectúe por listas cerradas y ordenadas, elaboradas “democráticamente” por los partidos. Veamos.

La idea de los senadores únicos por departamento suena en principio lógica y su bajo número no impacta notoriamente la razón de la circunscripción nacional en el Senado: asegurar que los partidos pequeños puedan ser elegidos, amén de permitir el surgimientos de liderazgos “de opinión”, que recaudan votos en todo el país. Permite recoger el anhelo de todos los colombianos de saber quién los representa. El senador único de cada uno de estos departamentos permitiría que sus habitantes sepan a quién llamar a cuentas, y a aquel saber a quién rendirle cuentas. El principio de accountability.

Pero, a diferencia de la propuesta de un sistema mixto, que he defendido y que incluye los distritos uninominales, que, para el Senado serían de 800.000 habitantes, en este caso los territorios tienen, algunos de ellos, poblaciones muy pequeñas, que terminan haciendo que un voto de estos departamentos pueda tener 50 veces el peso de un voto, por ejemplo, de las grandes ciudades o departamentos más poblados para elegir un senador. Esto crea lo que considero es el mayor peligro: incentivos perversos para la compra de votos en esos departamentos.

Para ser extremos: en Vaupés, en las últimas elecciones al Senado, se depositaron 9.202 votos de un potencial de 19.607. Si se presentan nueve candidatos, uno por partido, obtendrían, en promedio, 2.178, si votara la totalidad del potencial. Y con esto, los incentivos para la compra de votos serían gigantescos, teniendo en cuenta que hubo campañas al Senado que costaron, conservadoramente, diez mil millones de pesos, a menudo depredando la contratación estatal. Y el Vaupés se integraría a la política nacional a través de la compra de votos y la división interna que crearían tantos partidos buscando sacar un senador adicional. Territorios o población.

Pero el problema principal de la propuesta del Gobierno es el de la lista cerrada y ordenada, eliminando el voto preferente para “fortalecer los partidos”, y en ese sentido tal propuesta es, efectivamente, para facilitarle la gobernabilidad al Gobierno, al forzar la intermediación entre ciudadanos, la política y el Estado con unos partidos que en su conjunto están entre los de tres países del mundo con menor membresía y menor confianza de la ciudadanía (Encuesta Mundial de Valores, Barcas, 2011).

La propuesta hace aún más difícil que los ciudadanos sepan quién es su representante en un territorio ni a quién llamar a cuentas. Le queda fácil al Gobierno, entonces, pactar todo con estos partidos, a los que seguramente les encantará la propuesta y actuarán como un cartel, sin resolver el problema de fondo: ante quién responden. En muy corto tiempo, sin esta última condición, el Gobierno tendrá que lidiar con unos partidos que no tienen ninguna responsabilidad ante los electores y que, fortalecidos, lo extorsionarán, como hoy en día, de manera inmisericorde.

¿Cómo sabe un votante de un territorio a quién llamar a cuentas de lo que sucede en él? ¿A cuál de los nueve partidos que generan votos en ese territorio? Este es el problema que hay que resolver, como la idea de un representante por territorio que se filtró en la propuesta sobre senadores para departamentos pequeños. Pero hay mucho más.

John Sudarsky, Presidente Contrial

Trata de resolver el problema de la gobernabilidad, pero no lo que anhelan los electores, que es saber quién los representa y a quién llamar a cuentas.

De la reforma electoral planteada por el Gobierno, la propuesta de mayor impacto es la de la eliminación del voto preferente, al cual se le atribuyen con justicia la agravación de la corrupción, el clientelismo y la reducción de los partidos a una fábrica de avales.

En la propuesta, para cada elección plurinominal –desde junta administradora local hasta el Senado–, cada partido presentaría una lista cerrada y ordenada, elaborada “democráticamente”, por la cual los ciudadanos de cada territorio votarían marcando el partido de su preferencia. Luego, por cifra repartidora –un avance sobre cocientes y residuos–, se iría escogiendo en orden descendente el número de miembros que la lista respectiva enviaría a cada cámara legislativa. Este esquema encierra peligros importantes para la relación entre ciudadanos, política y Estado, al colocar unos partidos como intermediarios entre los primeros y lo demás.

Trata de resolver el problema de la gobernabilidad, pero no lo que anhelan los electores, que es saber quién los representa y a quién llamar a cuentas. Mientras que en el mundo la agenda política es reformar los partidos para que ellos respondan con claridad a sus electores, nosotros, por pereza mental o política, lo que hacemos es tratar de resolver el problema que no es. ¿Por qué se impuso en la reforma del 2003 incluir el voto preferente? Porque a los políticos locales, que son los que están en contacto con los problemas y con la gente, les aterraba que los directorios de sus partidos decidieran quién iría y quién no y en qué orden.

¿Cómo combinar la realidad de la política local con el fortalecimiento de los partidos? Pues haciendo que estos se responsabilicen de la escogencia de sus candidatos locales, tomando decisiones en las cuales compitan con los buenos candidatos de otros partidos. Pero, para ello, los candidatos deben ser identificables por el electorado, pues eso no lo pueden hacer hoy (900 candidatos al Senado con número y logo) y lo podrían hacer menos con la lista cerrada y ordenada (solo el logo).

Esta problemática ha sido relativamente bien resuelta en los países donde existen, para el Legislativo, distritos uninominales, como EE. UU. e Inglaterra, donde cada partido presenta en tales distritos un candidato y se responsabiliza de que recoja las preferencias de los electores de ese distrito. Y después el elegido le responde a la colectividad de todos los ciudadanos de ese distrito.

El tema es más complejo. Estos sistemas los llaman mayoritarios o “el ganador se lleva todo”. Los votos de los perdedores no se acumulan. ¿Dónde sí se acumulan estos votos para que los partidos emergentes tengan incentivos de presentar candidatos? Los alemanes, después de la guerra, se inventaron los sistemas mixtos, hace 62 años, y el mundo los ha estado imitando. Se combinan las ventajas para el elector (que pueda llamar a cuentas al representante) y que los partidos tengan un número de curules proporcional al de votos totales que el partido recibe. En Colombia se hicieron los mapas políticos para la legislatura 2010-14 y los estamos preparando para la 2014-18 para que los ciudadanos de estos distritos le puedan hacer seguimiento a un parlamentario específico y ejerzan un control social colectivo sobre él.

Quedan otras dudas. Dice el proyecto: “La selección de candidatos de los partidos (…) se hará mediante mecanismos de democracia interna consagrados por la ley y, en su defecto, en los correspondientes estatutos”. ¿O sea que estamos volviendo a la posibilidad, defendida por Álvaro Gómez en la Constituyente, de que un partido se pueda organizar no democráticamente, como Elizabeth Ungar recientemente demostrara en los estatutos del Centro Democrático?

Y otra duda: si se acoge esta reforma, ¿qué importancia tendría si, en el acuerdo de paz de La Habana, en el punto dos, se habla de una reforma electoral profunda, que además deba acoger la participación política de las circunscripciones electorales de paz? Dejemos la pereza.

John Sudarsky, Presidente Contrial